El resultado electoral de Israel y la Ley del Estado-nación

Las elecciones de Israel de octubre de 2026 dejaron al bloque de Netanyahu por delante, pero por debajo de los 61 escaños necesarios para gobernar. La verdadera historia fueron los partidos árabes: la Lista Conjunta y Ra'am sumaron juntos 19 escaños, casi el doble de sus 10, y el campo anti-Netanyahu solo llega a la mayoría si los cuenta, algo que el Yisrael Beytenu de Liberman se niega a hacer. Así que, en la práctica, Netanyahu gana por no perder^[1].

Los ciudadanos árabes son cerca del 20 % de la población con pleno derecho a voto, y aun así el sistema político trata a sus partidos como un contaminante y no como un electorado^[2]. Eso no va realmente de escaños; va de para qué existe el Estado. La Ley del Estado-nación de 2018 lo hizo explícito. Escribió en una Ley Básica que el derecho a la autodeterminación nacional en Israel es exclusivo del pueblo judío, hizo del hebreo la lengua del Estado y dio al árabe un «estatus especial», declaró el asentamiento judío un valor nacional, y no tiene cláusula de igualdad^[3].

Mi lectura honesta: la ley fue sobre todo simbólica, pero el simbolismo en el plano constitucional no es poca cosa. Reinicia el punto de partida de cada futuro caso judicial. En vez de partir de la igualdad y recortar excepciones para el carácter judío, ahora partes del carácter judío y recortas excepciones para la igualdad. Eso es un cambio real en quién soporta la carga de la prueba^[4].

El argumento para convivir con ella es el del Alto Tribunal. En julio de 2021, un panel de once magistrados confirmó la ley por 10 a 1, y la mayoría de la presidenta Esther Hayut la leyó de forma restrictiva: la cláusula de autodeterminación no despoja de derechos culturales subnacionales, el estatus práctico del árabe sobrevive, y la cláusula de asentamiento no puede autorizar excluir a los no judíos de las tierras del Estado. Ese es el clásico compromiso israelí: conservar la ley y castrarla con la interpretación^[5]. Funciona hasta que deja de funcionar, hasta que otro tribunal o un gobierno más nacionalista la lea como pretendía Yariv Levin, que impulsó el proyecto de ley. Y Levin nos dijo exactamente cómo la pretendía.

Lo que se me queda grabado es la reacción de los drusos. Son ciudadanos cuyos hijos mueren con el uniforme israelí. Cuando tu minoría más leal protesta contra una ley así, el problema no es el texto de la ley; es que el texto por fin dijo en voz alta lo que la estructura siempre había dado a entender.

El «carácter judío» nunca ha sido una sola cosa clara. Un abogado laico de Tel Aviv y un colono de Cisjordania lo dicen ambos y se refieren a cosas casi opuestas. La ley nunca define cuál de los dos es, y esa vaguedad es en parte el objetivo^[6]: permite que cada coalición proyecte su propia versión sobre el texto. Tampoco crea la mayoría judía. El artículo 5 eleva la puerta abierta de la Ley del Retorno a la inmigración judía al rango de Ley Básica, lo cual tiene menos que ver con crear la mayoría que con blindarla^[7].